Gobierno local en pie de lucha por recuperarla:
ERROR MUNICIPAL DA PLAYA A FAMILIA DE CANDIDATA A DIPUTADA DEL PLN
Cinco kilómetros de la zona marítimo terrestre.
Investigación estancada: OIJ decomisó expediente municipal hace dos años.
Gobierno local en pie de lucha por recuperarla:
ERROR MUNICIPAL DA PLAYA A FAMILIA DE CANDIDATA A DIPUTADA DEL PLN
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En la actualidad la empresa Román Ocampo tiene tres casas en la zona marítimo terrestre. |
Así lo confirmó el regidor Amhed Loáciga y Warner Ruiz Juárez, presidente Asociación Guanacasteca, defensora de la Zona Marítimo Terrestre Costarricense, Azamatec, quienes junto con todo un ejército de liberianos están impulsando recuperar Cabuyal para convertirlo en un refugio y así asegurar que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ese paraíso y no dejar que sean los turistas, quienes tengan el único acceso.
Para ambos liberianos, todo podría ser inútil si los tentáculos de la política electoral llegan hasta Cabuyal por cuanto las influencias de diputados y futuros regidores que tienen intereses creados en la empresa que la reclama quedaran electos. “Todo quedaría solo en el papel”, dice Ruiz.
Loáciga y Ruiz se refieren a María Ocampo, candidata por Guanacaste del Partido Liberación Nacional (PLN) y Eugenio Román, candidato por el mismo partido a regidor para esa comuna. Hasta se especula que otro miembro de la familia se lanzará de candidato a alcalde. Todos con la bendición de la candidata liberacionista Laura Chinchilla. Todos en la familia son simpatizantes y allegados al presidente Oscar Arias Sánchez.
“Por eso la prisa de Maureen Ballestero de estar en Liberia el día del famoso avionetazo para lograr que la papeleta de regidores de su partido fueran Román y sus aliados. Había intereses creados por cuanto Ballestero ha sido muy amiga de la familia”, sostuvo Wárner Ruiz.
La controversia sobre este asunto se ha obstaculizado al ser decomisado el expediente original de la Municipalidad, que impide conocer detalles importantes sobre los pormenores de este acuerdo. Se trata del acta de decomiso No. 307802 del 22 de noviembre del 2007, a las 14:30 horas.
LOS ENTRELONES DE CABUYAL
Todo se inició en el año 2005 cuando el empresario Luis Román Trigo -esposo de la candidata a diputada—, solicitó en reiteradas oportunidades el visado municipal para los planos que corresponden a la finca Santo Tomás, ubicada en el distrito de Nacascolo en Liberia, pero se incluyen casi cinco kilómetros de la zona marítimo terrestre en la playa Cabuyal.
Sin embargo, habían muchas dudas y la Municipalidad no tenía una buena asesoría legal, según los confirmaron en una carta a la Defensoría de los Habitantes los regidores de ese entonces Dinnethe Contreras, Fermín Méndez, Alejandro López, María Elena Murillo y Patricia Marenco.
Para ese entonces la corporación municipal contaba con los servicios de la abogada de planta Adriana Chavarría que había realizado todo un análisis integral de la solicitud y llegado a la conclusión que tal gestión era ilegal por cuanto se estaba privatizando la mejor playa de Liberia. La abogada se apoyó en un informe presentado por sus colegas Ricardo Harborttle y Giza Pinchanky.
NO SE TOMÓ EN CUENTA DICTAMEN NEGATIVO
Se desconoce el porqué no se tomó en cuenta la recomendación de la abogada y en una sesión relámpago se aprobó el visado a los planos, luego de escuchar la recomendación de un abogado contratado por la empresa, que asegura, que debería de darse por cuanto, esa finca tiene una cédula real, dada por la corona española.
Según su interpretación, ese supuesto documento que nadie ha visto les da derechos sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), por cuanto en ese tiempo la colindancia era la playa.
Sobre todo este asunto, la ex regidora María Ester Martínez, en una respuesta que dio a la Defensoría de los Habitantes sostiene que el dictamen de la asesoría legal nunca llegó al seno del Concejo a pesar de haberse solicitado en varias ocasiones al alcalde y fue a través de un correo anónimo que se lo hicieron llegar e inmediatamente lo puso en conocimiento de los demás regidores.
SESIÓN INTERRUMPIDA POR MAUREEN BALLESTERO
Por su parte Alicia García, también ex regidora 2002-2006, asegura que el dictamen que recomienda a los ediles no visar el plano, no fue conocido a la hora de votar, sino posteriormente cuando Martínez lo presentó a la sesión para que se leyera textualmente, sin embargo, un hecho inusual provocó que pasara desapercibido.
Agregó que ese día sin previo aviso, no estando en la agenda y sin alterar el orden del día, se presentó a la sesión la diputada Mauren Ballestero y la presidenta le dio la palabra.
“Después se continuó y finalizó la lectura, sin discusión, ni análisis. Pasó como asunto, intrascendente, ajeno al Concejo”, sostuvo la ex regidora.
Continúa: “Al licenciado Manuel Carrillo -abogado que aconsejó la privatización- lo conocí por única vez en la sesión ordinaria del 6 de abril (2005) en audiencia muy concurrida por la parte interesada en el visado.
Contó con todo el tiempo que requirió para hacer una larga exposición, en la que reiteró la legitimidad de los documentos para aprobar el visado e hizo énfasis en que era obligación inmediata aprobar el visado del planos por que de lo contrario “nos exponíamos a las consecuencias”.
Después de la participación del abogado el entonces regidor Fermín Méndez presentó moción para que esa misma noche, el Concejo aprobara a toda prisa el visado, lo que sometió a votación sin discusión ni análisis.
“Antes de la votación justifique mi voto negativo, por considerar que se estaban fundamentando en un criterio externo que nada tenía que ver con la Municipalidad y adolecía además del dictamen interno, así aparece en actas. Votación: cinco votos positivos, y dos negativos. Se aprobó en firme”, así le informo a la Defensoría de los habitantes, García Montano.
Sobre quien le pagó los honorarios al abogado no hay coincidencia. Mientras que unos dicen que fue la misma municipalidad, otros que fue la empresa interesada, Inversiones Román Ocampo
Desde ese día comenzó la disputa entre la sociedad anónima Inversiones Román Ocampo y la Municipalidad de Liberia por los 150 metros de la playa posteriores a los 50 metros de uso público, de la preciosa playa Cabuyal.
Desde ese día comenzó la disputa entre la sociedad anónima Inversiones Román Ocampo y la Municipalidad de Liberia por los 150 metros de la playa posteriores a los 50 metros de uso público, de la preciosa playa Cabuyal.
MUNICIPALIDAD REACCIONA TARDE
La Municipalidad reacciona de inmediato y reconoce que para los intereses del municipio esto fue un grave error por cuanto hay múltiples irregularidades. Esta situación provocó todo un terremoto en ese gobierno local.
El alcalde de ese entonces Ricardo Sámper envía a la Contraloría General de la República un presupuesto y le pide a los regidores propietarios le permitan presupuestar ¢50 millones para pagar una asesoría legal que le permita hacerle frente a una disputa legal contra Inversiones Román y Ocampo S.A., pero los regidores le niegan esa iniciativa.
Esto provoca que regidores y alcalde Sámper se griten improperios y durante muchas semanas ambos grupos pierden comunicación, se paraliza el municipio y las fracciones se rompen.
QUE DICE LOS ENEMIGOS DE LA PRIVATIZACIÓN
En cuanto a los argumentos que llevan a la conclusión que no puede privatizar los 50 metros de la playa que deben de ser para el disfrute de todos los seres humanos que se llama internacionalmente como Zona Marítimo Terrestre (ZMT), el abogado Ricardo Harbotle sostiene nadie está cuestionando que finca Santo Tomás sea de ellos, “la pelea acá es que inscribieron ese derecho con un dibujo, eso es un mapa que lo puede tener cualquiera. Por eso los funcionarios municipales de Liberia fueron complacientes y apoyaron este reconocimiento de derecho”, ha sostenido el experto en derecho agrario Ricardo Harbottle.
Pero la pelea sigue y a fines del 2005 la Municipalidad de Liberia le niega a Inversiones Román y Ocampo S.A. el derecho que tiene de accesar al expediente de playa Cabuyal por lo cual la abogada María Ocampo hace esta denuncia pública y amenaza al municipio con llevarlo a los Tribunales de Justicia porque asegura le vetan este derecho.
Fue ahí donde el 22 de noviembre del 2007 los investigadores Minor Rivas y Héctor Aguirre, se presentan a la Municipalidad y decomisan el expediente Municipal, y se deja sin la información y datos para que se inicie el proceso de anulación de los visados a los planos.
PIDEN LA NULIDAD DEL VISADO
Por otra parte, antes de que culmine el 2006 el Concejo Municipal de Liberia, organiza una sesión extraordinaria para escuchar al grupo Pro-defensa de Playa Cabuyal y a Inversiones Román Ocampo S.A. Ambos exponen sus argumentos. Los primeros le piden al Concejo Municipal que declare la nulidad de los actos Administrativos que ordenaron el visado de los planos de los derechos 001 y 005 de la finca G-3282. Los regidores le solicitan a Luis Román representante legal de Inversiones Román Ocampo, les faciliten algunos documentos para hacer un estudio equitativo. Estos acceden.
Sin embargo, luego de escuchar ambas partes los actuales regidores se apegan más a la tesis de buscar la anulación del visado de los planos, para lo cual deben de elevar el asunto a los tribunales de justicia, pero
que solo se hará efectiva si los regidores y alcalde elegido en las próximas elecciones lo impulsan
En contraste Luis Román y su esposa María Román siguen firmes en defender una aparente situación de derecho privado.
que solo se hará efectiva si los regidores y alcalde elegido en las próximas elecciones lo impulsan
En contraste Luis Román y su esposa María Román siguen firmes en defender una aparente situación de derecho privado.
MAÑANA: ¿Por qué Cabuyal no puede ser privatizado?. Denuncia llega hasta Casa Presidencial.
