Gestión inconveniente
Es preciso deslindar los campos de la política y los negocios. El sector cooperativo no es una excepción
La posibilidad de un conflicto de intereses entre la función legislativa y el impulso de operaciones comerciales es grande
Es preciso deslindar los campos de la política y los negocios. El sector cooperativo no es una excepción. Las cooperativas son empresas regidas en su actividad por el derecho privado. Las circunstancias de su integración en nada cambian la esencia empresarial. Son, simplemente, un tipo particular de empresa.
Dos diputados intentan echar a andar una negociación entre un grupo de cooperativas y el Hospital La Católica. La operación, de concretarse, sería multimillonaria. El centro médico no parece especialmente interesado en la venta, pero se declara dispuesto a escuchar una buena oferta. En esas condiciones, todas las empresas del país son potenciales vendedoras y el espacio para iniciar negociaciones es infinito.
La pregunta es si la exploración de compraventas multimillonarias debe comenzar por Cuesta de Moras, donde se legisla sobre las cooperativas, entidades relacionadas, como el Banco Popular, y también sobre las actividades económicas en general, incluidas las que emprenden los cooperativistas.
Las actividades habituales de un hospital se ven afectadas por gran cantidad de leyes emanadas del Congreso, donde los diputados tienen iniciativa para promover proyectos de ley y reformar las normas existentes. La posibilidad de un conflicto de intereses entre la función legislativa y el impulso de operaciones comerciales es grande, aunque el diputado no participe en las empresas contratantes.
La propia investidura del legislador es un elemento de peso en estas circunstancias. Un potencial vendedor puede sentirse más inclinado a transar en presencia del poder político. Lo mismo es cierto para un potencial comprador, sobre todo uno tan sensible a iniciativas de ley específicas, como las cooperativas.
La intervención política conlleva serios riesgos de distorsión, que se extienden al esquema financiero de las operaciones. Una institución bancaria podría ver con ojos distintos la operación comercial promovida desde el poder, especialmente cuando sus directivos, como sucede en nuestro país, son nombrados con intervención de la política.
Los legisladores son responsables de proveer y mejorar el marco jurídico para el desarrollo de la actividad económica, incluida la de las cooperativas, no de contribuir a la gestión concreta de los negocios. En general, la apertura a la intervención política de Cuesta de Moras, de Zapote o de cualquier otra sede del poder conlleva, también, la posibilidad de importantes conflictos de naturaleza ética.
¿Admitiría el país la injerencia presidencial en el impulso de grandes negocios, aunque una de las partes fuera una cooperativa? ¿Por qué exigir al presidente y sus ministros una conducta diferente a la de los diputados? En el caso concreto no se trata de tomar medidas, desde el Ejecutivo o el Congreso, para atender una situación de emergencia y ayudar a una empresa, o a un grupo de ellas, a superar una situación de crisis. Dependiendo de las circunstancias, una intervención de esa naturaleza es concebible, especialmente si las medidas de apoyo son generalizadas para un sector.
Muy diferente es la intervención de autoridades políticas en una negociación concreta, no importa la naturaleza de las empresas involucradas. Por demás, en el caso del Hospital La Católica, una de las partes sería del sector cooperativo, pero la otra es claramente una empresa mercantil, el Grupo Sama, de larga trayectoria en el sector financiero.
En una negociación con ese tipo de participantes, tanto interés podría tener el vendedor como el comprador y siempre será difícil distinguir a cuál de los dos sirve la intervención política. Esa es razón de más para estimar inconveniente la incursión de legisladores y otros funcionarios en la promoción de operaciones comerciales, aunque una de las partes provenga del cooperativismo.
