Hasta el momento nadie sabe qué están haciendo y quizás, pocos comprendan cuál es la función de una “comisión de notables”, que dice viene a solucionar los problemas de ingobernabilidad del país. Pero representantes del grupo de académicos aseguran que están planteando una reforma sustancial que anticipa cambios históricos en la política nacional, entre ellos, la censura real para el Poder Ejecutivo y el aumento en el número de diputados.
Dichas recomendaciones se enmarcan en la fase de “Relación Poder Ejecutivo – Legislativo”, una de las áreas destacadas del análisis que el grupo de expertos se encuetra realizando desde junio. Además de esta, también establecerán recomendaciones en los temas de “Poder Ejecutivo y Administración Pública”, “Tribunales de Justicia”, “Inseguridad Jurídica y Tramitología Administrativa” y “Relaciones entre Estado y Sociedad”.
En el caso de la primera recomendación, ¿A qué se refieren con censura? Según indicaron, el tema obedece a que si el Gobierno no está respondiendo adecuadamente a las demandas de la ciudadanía – creando políticas públicas eficientes, por ejemplo- la Asamblea Legislativa tendría la potestad de retirar del poder al presidente en curso y convocar a elecciones extraordinarias.
Sobre el aumento en el número de diputados, Rodolfo Piza, -miembro de la comisión- no especificó la cantidad de escaños a la que debería llegar la Asamblea, cifra que se establecerá en el informe que elaboran, pero sí dijo que tiene que ver con una reforma a la elección de los mismos y al establecimiento de listas nacionales de elección.
“Hay una serie de recomendaciones en cuanto al uso de la palabra, a las recomendaciones, en cuanto a la agenda, los plazos de votación, directorio, cantidad de diputados y se plantea un aumento al incorporar la lista nacional. Unos plantean un número y otros pensamos diferente”, explicó Piza.
Sin embargo, antes de que se revele el informe, las propuestas ya generan reacciones. “En este momento, si bien es cierto es necesario democratizar el país y darle mayor poder de elección a la gente, a la vez sale otra discusión que es la de la idoneidad de quienes llegan a la Asamblea Legislativa, con la dispersión política que hay actualmente, donde es muy difícil agrupar a toda la fracción en un objetivo común. No hay lealtades partidarias ni de fracción, una lista abierta contribuiría con el desorden que estamos viendo en este momento”, explicó el politólogo Luis Emilio Jiménez.
La comisión, integrada por personalidades de la política nacional como el politólogo Constantino Urcuyo, los abogados Rodolfo Piza, Fabián Volio y Manrique Jiménez, el historiador Vladimir de la Cruz y el filósofo Francisco Antonio Pacheco, recomendó además una serie de reformas al reglamento legislativo en busca de mejorar la relación entre los dos poderes.
Entre ellas está la interpelación de los ministros. Los expertos sostienen que es necesario establecer comparecencias cada 15 días, con el fin de mantener una comunicación fluida entre ambas partes.
En este sentido, Vladimir de la Cruz externó que “al Poder Ejecutivo le falta iniciativa para ir a la Asamblea Legislativa, algo posible en las condiciones actuales. En primer lugar, los ministros constitucionalmente tienen asiento ahí, y si bien nadie espera que lleguen a cada sesión, podrían asistir cuando lo consideren pertinente, a informar sobre políticas de Estado, y fomentar a una especie de consenso alrededor de determinadas soluciones”.
Pero en vista de que, hasta el momento, dicha interlocución no existe, la comisión propone -en palabras de Piza Rocafort, durante una de las sesiones- q”tres reformas parciales a la Constitución Política a efectos de variar su redacción: el artículo 141 (sobre la existencia de los ministros), el artículo 121 (potestades de la Asamblea Legislativa, inclusión de nuevo inciso sobre la censura general del gobierno y las elecciones anticipadas) y el artículo 144 (asistencia de los ministros al Plenario, e informe de labores).
Aunque los primeros acuerdos tomados por la Comisión de Notables fueron solamente “dar las gracias” a la junta directiva del Banco Popular por prestarles una sala para sesionar así como agradecer la colaboración de otros especialistas como Daniel Zobatto, del Institute for Democracy and Electoral Assistance, de miembros del Estado de la Nación y del presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis Paulino Mora Mora; en las 40 sesiones que han llevado acabo, lograron ponerse de acuerdo en los puntos de interés mencionados anteriormente.
El plazo para que emitan recomendaciones se vence en noviembre, sin embargo, Piza enfatizó en que podrían atrasarse hasta diciembre.
“En noviembre podemos tener lista toda la discusión, es tratar de alcanzar cerca de noviembre una versión, pero si por alguna situación existiera un retraso, pediríamos una ampliación. Así que, posiblemente, estaremos completamente listos a mediados de diciembre, esperamos que antes, pero hay que ver la redacción final. Lo importante es que salga un buen producto”, dijo Piza.
Se ha discutido mucho sobre la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de trasladar su investigación sobre “servicios especiales” del Partido Acción Ciudadana (PAC) al Ministerio Público, y que la noticia fuera difundida a la prensa antes de que el ente investigado fuera notificado. La noticia coincidentemente se difundió menos de 24 horas antes de que ese partido celebrara su asamblea nacional.
