lunes, 17 de septiembre de 2012

TEMA:LA NO EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


INFORME NO. DFOE-SOC-IF-16-2011
15 de diciembre, 2011

Posición inicial del Informe CGR

Definir e implementar a más tardar el 1 de marzo del 2012, lineamientos para reasignar los fondos determinados en la disposición 4.4 c) anterior a los proyectos de infraestructura de mayor prioridad. Remitir a esta Contraloría General, copia de estos lineamientos debidamente aprobados por laViceministra administrativa, así como constancia de que se implementaron, a más tardar el 5 de marzo del 2012.


Observaciones de la Administración

Se solicita aclaración de la disposición, relacionada con el 2.3 del informe, en lo que respecta a los lineamientos para reasignar los remanentes que se encuentran en Caja Única del Estado. Se solicita a la Contraloría se refiera al marco de legalidad al cual se puede acudir para cumplir con lo solicitado en este punto.


Valoración CGR

Esta Contraloría es del criterio que el MEP en su calidad de administrador de los elementos de la educación (artículo 1 de la Ley Orgánica del MEP N° 3481) y concedente de los recursos públicos para la infraestructura educativa, debe garantizar la sana y eficiente ejecución de los mismos según lo establece principio de eficiencia: “La aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados” (Reglamento a la LAFRPP, Decreto 32988-H-MP-PLAN). Además, debe aplicar los controles necesarios según lo establece la Ley de Control Interno (Ley N° 8292) de manera que se garantice la protección y conservación del patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Si posterior a la liquidación del presupuesto y del proyecto de infraestructura educativa se presentara algún remante de dinero, de acuerdo con la normativa citada, y lo mencionado en el Voto 2003-00136 de la Sala Constitucional, es claro que el MEP debe velar por la maximización del uso de dichos recursos y por ende propiciar su reasignación en los proyectos de mayor prioridad, para lo cual, de acuerdo a la Ley General de Control Interno debe establecer lineamientos que regulen la administración de los fondos públicos.

EL DESPICHE DE LA TROCHA SEGUN EL DIPUTADO WALTER CESPEDES DEL PUSC



 
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17 de setiembre 2012


El Diputado Walter Céspedes Salazar incluyó en el informe negativo de mayoría dos modificaciones presupuestarias que hizo el Poder Ejecutivo al Presupuesto 2011, para financiar "acciones de emergencia" y "planes de inversión" formulados por la Unidades Ejecutoras con el objeto de dar atención a la Emergencia de Calero (Decreto Ejecutivo 36440-MP)


Liquidación de presupuesto;
Investigación Ruta 1856 “Trocha Fronteriza”
“Otra interrogante que flota en el aire, aunque no ha ocupado los interrogatorios de los diputados y diputadas, es cómo es que se está haciendo una ruta nueva de casi 160 km, amparándose en el decreto de emergencia 36440 que el Poder Ejecutivo publicó el 7 de marzo del 2011 para atender las medidas de respuesta a la invasión de isla Calero por parte del ejército nicaragüense, decreto que de ninguna manera contempla la construcción de obra de infraestructura nueva.
Dicho decreto autoriza medidas en tres fases: una operativa de respuesta, otra de rehabilitación y la tercera de reconstrucción para restablecer los servicios públicos dañados; conforme lo ordena la Ley Nacional d Emergencias en su artículo 30, no autoriza obras nuevas.”
Semanario Universidad, 22 de agosto de 2012

Enfoque 1

Como han aceptado las diferentes personas que han comparecido ante la Comisión de Ingreso y Control de Gasto el inicio de las obras de acceso al Río Colorado y demás puestos fronterizos y policiales se iniciaron sin existir ningún decreto de emergencia, se hicieron en rutas que no eran nacionales, no existía el presupuesto asignado para ese fin, ni se hicieron las modificaciones presupuestarias requeridas.
Se comenzó a ejecutar obra amparados en el mecanismo ordinario de contratación directa utilizando el Decreto Ejecutivo 35765-MOPT, publicado en la Gaceta Nº 40 del 26 de febrero del 2009; sin embargo obviaron una serie de requisitos que los principios de la Ley de Contratación Administrativa disponen y que no podían ser obviados.
Para concretar casos se transcribe textualmente conclusiones del “Informe de control interno sobre la ejecución del proyecto de la zona norte (Ruta 1856) Juan Rafael Mora Porras”, de la Auditoría Interna del Consejo Nacional de Vialidad:
“….. se detecta que se dispuso de una Unidad que tuviera bajo su responsabilidad la atención de trabajos para cumplir con el Decreto. No obstante no se logró detectar acciones tendientes a definir dentro de la estructura organizacional de CONAVI, su ubicación y alcance para definir roles y responsabilidad. Se careció de una separación de funciones, ejecutando tareas que eran incompatibles entre sí.”
“ en la selección de proveedores para el alquiler de maquinaria y materiales, no se ubicaron documentos en los expedientes revisados que refieran los criterios de selección de un proveedor en particular, ni el mecanismo de control para resguardar que cumplieran con requisitos de idoneidad técnica, financiera y legal…”
“…en la adquisición de alcantarillas y contenedores, los expedientes revisados carecen de información que permita determinar si se razonó las cantidades y precios reconocidos ni cómo se contactó de previo con el proveedor seleccionado, pues los legajos contienen proformas de terceros y no contiene la del proveedor escogido…”
“….sobre las labores de inspección en campo, se detectaron firmas de personas de las que no se pudo constatar su relación con la Institución o con el MOPT, sin saber si contaban con los requisitos básicos que los facultaran como inspectores, desconociendo además cómo se retribuiría la actividad que se llevaba a cabo en forma diaria y por varios meses; colocando en duda la confiabilidad y seguridad de sus actuaciones y la supervisión del trabajo que ejecutaron los múltiples contratistas…”
“…1) la falta de documentos que soporten las erogaciones adecuadamente, lo que induce a pensar en la existencia de pagos sin sustento probatorio 2) falta de controles de trabajo de campo de los equipos alquilados, al encontrarse traslapes de reportes diarios de un equipo en diferentes facturas, en una misma fecha y 3) inconsistencias en los documentos: la omisión de una numeración predeterminada y consecutiva, tachaduras, borrones, errores de sumatoria y similitudes en la escritura con la que se elaboraron facturas de diferentes empresas..”
Altas autoridades del Gobierno tomaron decisiones e influyeron en mandos medios para que avanzaran en las obras en la “Trocha 1856” violentando la legalidad; el señor Luis Liberman, vicepresidente de la República, se presentó en una sesión del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad y les instó a seguir trabajando sin contar con presupuesto, comprometiéndose él a buscar los fondos hablando con la señora Presidenta de la República.(Acta Nº 897-12 del  8 de marzo de 2012)
Llama también la atención el compromiso de la Comisión Nacional de Emergencia de reintegrarle los fondos al CONAVI, situación que al final resuelve vía donación para tratar de solventar el problema económico del CONAVI.
Es importante señalar que por invertir sus recursos en “La Trocha” el CONAVI realizó rebajos en los siguientes proyectos: Conservación Red de Lastre y Tierra, Mejoramiento de la Ruta Nacional Nº 21 Secciones Quebrada San Pedro-Quebrada Tronconal y Jicaral-Río Lepanto, construcción de puentes menores, Mejoramiento de la Ruta Nacional Nº 613: Sección Sabalito-Las Mellizas y el Diseño y construcción del puente sobre la Quebrada Seca con pasarelas peatonales, en la ruta Nacional Nº 126, sección: Heredia-Barva. (información presentada por la Contraloría General de la República)
Durante 2011 y para transferir recursos a la Comisión Nacional de Emergencia se emitieron dos decretos modificándose el presupuesto de varios ministerios y del Tribunal Supremo de Elecciones.




Decreto de modificación presupuestaria 
N° 36781-H
30 de setiembre 2011
millones de colones

Ministerio de Seguridad Pública

Subprograma
partida
rebajar
aumentar
Policía de control de drogas
Remuneraciones
-251,0
0,0
Seguridad ciudadana
Remuneraciones
-4.560,0
0,0
Servicio Nacional de Guardacostas
Remuneraciones
-189,0
0,0
Seguridad Ciudadana
Transferencias corrientes
0,0
5.000,0
TOTAL

-5.000,0
5.000,0

Fuente: CGR











Decretos de modificación presupuestaria 
N° 36866-H
8 diciembre 2011
millones de colones
 
Título
Monto
%
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Seguridad Pública
Tribunal Supremo de Elecciones
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Otros
5,017.5
4,175.1
4,045.7
950.0
902.7
585.2
514.2
480.7
1,432.1
28
23
22
5
5
3
3
3
8
TOTAL
18,102.24
100

Transferencias a la CNE
Corrientes
14.579.407.120
De capital
3.522.828.643
                                         Total                  18.102.235.763     

Fuente: CGR







Ejecución presupuestaria CONAVI Ier. Semestre 2011
El documento de ejecución del presupuesto de CONAVI [1] para este período muestra que se ya se habían efectuado pagos significativos a algunas empresas:

“En el segundo trimestre se invirtieron ¢8.082,7 millones. Los principales proyectos en los que se invirtió en el segundo trimestre fueron los siguientes:

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Es importante considerar que seis de los proyectos contenidos en los cuadros anteriores y sus correspondientes erogaciones, se sustentan en el Decreto de Emergencia No. 36440-MP. 

Resulta improcedente que tales erogaciones se puedan sustentar en el referido decreto en tanto el mismo entró en vigencia el 21 de febrero  y según declaraciones de funcionarios de CONAVI ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, los trabajos se habían iniciado en diciembre del 2010.

El Ing. Carlos Acosta manifestó a la Comisión:

“A esta altura del desarrollo del proyecto las obras se encuentran en ejecución, pero aún no se había autorizado el pago de suma alguna, ya que se había indicado por parte de funcionarios de Casa Presidencial que el Poder Ejecutivo buscaría el mecanismo jurídico para justificar las obras y para financiarlas, y se insistía en que todo sería amparado a un decreto ejecutivo de emergencia, que avalaría la gestión del proyecto ante el estado de necesidad predominante; así, transcurrieron los días de enero y febrero del 2011 hasta que en mi condición de Director de Conavi ordeno la total suspensión de obras, en los primeros días de marzo del 2011.” [2]

También resulta pertinente lo contenido en el Acta de la Sesión 896-12 del Consejo de Administración de CONAVI del 6 de marzo 2012:

“Que este Consejo de Administración no ha tenido conocimiento detallado de los planes de inversión de esa comisión, ni de sus fuentes de financiamiento, ni del alcance específico de las obras a desarrollar en general y específicamente por el CONAVI, lo cual es de suponer se ha debido a razones de seguridad nacional y discreción de la información,”

De tal manera, el documento del CONAVI que refiere la ejecución presupuestaria del primer semestre del año 2011 contiene elementos falsos que pretenden mostrar que los egresos en mención se realizaron de conformidad con la normativa pertinente. Tratándose de un documento oficial y público conviene se determinen las responsabilidades que correspondan.


Enfoque 2

Atendiendo la solicitud que le formuló el  Licenciado Mario Zamora, Ministro de Seguridad Pública Usted por oficio Nº 2228-2011-DM de 19 de setiembre de 2011, el  23 de setiembre del 2011, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo Nº 36781-H, por el cual aprobó una modificación presupuestaria al artículo 2° de la Ley Nº 8908, que es Ley de Presupuesto Ordinario  y  Extraordinario  de  la  República  para el Ejercicio Económico 2011, trasladando una partida por ¢5.000.0 (cinco mil millones de colones) a la Comisión Nacional de Emergencias, con el objeto de gestionar,  financiar y ejecutar las acciones aprobadas en el Plan General de la Emergencia declarada mediante el Decreto Nº 36440-MP de 7 de marzo del 2011.

Los ¢5.000.0 millones que trasladó el Ministro de Seguridad Pública a la Comisión Nacional de Emergencias, fueron tomados de partidas presupuestarias que estaban destinadas a cubrir el pago de los salarios e incentivos salariales de aproximadamente  2761 plazas, la cuales no habían sido utilizadas y que a partir de esa misma fecha y por disposición del Ministro Zamora, prácticamente son eliminadas, al dejarlas sin contenido presupuestario alguno, afectando la prestación del servicio público seguridad ciudadana, eje y acción fundamental  propuesta por el Partido Liberación Nacional en el “Plan de Gobierno Laura Chinchilla 2010-2014”, e incorporada formalmente como acción prioritaria del Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Valverde”.

Con fecha 15 de noviembre del 2011, el Poder Ejecutivo, por    Decreto Ejecutivo Nº 36866-H, aprueba una modificación presupuestaria al artículo 2° de la Ley Nº 8908, que es Ley de Presupuesto Ordinario  y  Extraordinario  de  la  República  para el Ejercicio Económico 2011, ordenando una segunda transferencias de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias, esta vez por  ¢18.102.235.763.0 (dieciocho mil ciento dos millones doscientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres colones), con el objeto de que esa Institución atendiera las acciones incorporadas en los planes generales de las emergencias declaradas mediante los Decretos Nº 34.993-MP (Sismo del 8 de enero del 2009) y Nº 36.252-MP (Tormenta Tropical Tomas).

Debe resaltarse que, para dotar de contenido presupuestaria a esa segunda transferencia, el Poder Ejecutivo sacrificó una gran cantidad de partidas correspondientes a programas estratégicos que venían ejecutándose o estaban por ejecutarse en los Ministerios de Educación Pública, Justicia y Paz, Obras Públicas y Transportes y Ciencia y Tecnología, entre otros, pero en especial, en esta segunda transferencia el Poder Ejecutivo toma  ¢4.045.6 millones de colones, del Presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, que eran recursos que estaban destinados a cubrir el pago de los salarios e incentivos salariales de aproximadamente 1161 plazas, que también quedaron prácticamente eliminadas y sin contenido presupuestario alguno, reiterándose, en tal sentido, el deterioro al deber de garantizar  la seguridad ciudadana que le asiste a ese Ministerio,  denunciado líneas atrás de este informe.

Lo más lamentable de estos hechos es que los montos rebajados de los presupuestos institucionales de los Ministerios para dar contenido a esas transferencias presupuestarias, contaron con las autorizaciones de los respectivos jerarcas y constituyen verdaderas acciones que se contradicen con las propuestas y ejes temáticos centrales y prioritarios que, en materia de seguridad ciudadana y educación, entre otras, propuso la Presidenta de la República a la ciudadanía en su campaña electoral y fueron determinantes para su elección.

Igualmente procede indicar que los hechos denunciados precedentemente son también contradictorias con las acciones establecidas por el Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora”, que, a manera de ejemplo, plantea nombrar 4.000 nuevos policías como parte de una de las acciones del eje Seguridad Ciudadana y Paz Social.

A las dos preocupaciones anteriores, debe sumarse otra  preocupación de esta Comisión, relativa a la supuesta existencia de una tercera transferencia, -que no se incorpora ni consta en la liquidación presupuestaria- autorizada por el Licenciado Mario Zamora, Ministro de Seguridad Pública a favor de la Comisión Nacional de Emergencias, por un monto de  ¢2.009.945.298.0  (dos mil nueve, novecientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y ocho colones), según consta del oficio DM 3996-2011-DM de fecha 19 de diciembre de 2011, que en lo que interesa indica:

Por último, no omito mencionar que este Ministerio trasladó en días recientes dos mil millones de colones a la Comisión Nacional de Emergencias para efectos de proseguir con el trazado de la carretera en su tramo: “Los Chiles-Peñas Blancas.”

A pesar de que de esa supuesta transferencia no se hace referencia ni consta en la liquidación del Presupuesto 2011, si se menciona esa transferencia como fuente de recursos para dar contenido presupuestario a varias acciones y planes de inversión aprobados con base en el Plan General de la Emergencia declarada por Decreto Ejecutivo Nº 36440- MP, según consta en el oficio Nº 1393 de fecha 21 de diciembre de 2011, por el cual Humberto Castro Arias, en su condición de Director Programa 090, Coordinador  MSP-CNE, del Despacho del Viceministro de Seguridad Pública, informa en detalle al   Master Alvaro Montero Sánchez, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, respecto de los planes de inversión aprobados.

En este oficio y con relación al “Plan de Inversión IV”, se indica, en lo que interesa, lo siguiente:

“PLAN DE INVERSION IV
MONTO (SIN APROBAR)                                          ¢1.300.000.00

Este 4to. plan de inversión denominado “REPARACION DE EMBARCACION MARITIMA DENOMINADA “ISLA DEL COCO” PARA ENFRENTAR EVENTUAL EVACUACION O TRANSPORTE EN ZONAS FRONTERIZAS NORTE TERRESTE Y MARITIMA PARA VIGILANCIA POLICIAL” fue presentado mediante oficio Nº 3996-2011-DM dirigido a la Presidenta Ing. Vanessa Rosales Ardón, el día 21 de diciembre de 2011 y suscrito por el señor Ministro de Seguridad Pública. Estamos a la espera de la aprobación respectiva.

1)      FONDOS (Contenido) Transferencia de ¢18,102.235.763.00 millones recursos del Ministerio de Seguridad Pública (¢4.045.661.066.00) y de otros Ministerios, según Decretop Nº36.866-H, publicado en el Alcance Nº 101, de la Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2011.

2)      FONDOS (Contenido) Solicitud de otra transferencia por la suma de ¢2.009.945.298.00 millones presentada ante el Ministerio de Hacienda el 16 de diciembre de 2011.”

De igual forma se observa que la supuesta tercera transferencia, también se incorpora en el cuadro resumen que presenta el señor MBA Humberto Castro Arias mediante el Oficio 1393-DV-HC bajo análisis, ante el Director Ejecutivo de la CNE,  en el cual se consigna:


FONDOS DISPONIBLES
ORIGEN DE LOS RECURSOS
PLANES M.S.P.
C.N.E.
M.S.P.
OTROS MINISTERIOS

Nº 1
302.751.000.0
302.751.000.00
5.000.000.00


Nº 2
997.675.000.00




Nº 3
6.240.000.000.00

4.045.661.066.00
14.056.574.697.00

Nº 4
1.300.000.000.00

2.009.945.298.00







TOTALES
8.840.246.000.00
302.751.000.00
11.055.606.364.00
14.056.574.697.00

RECURSOS TOTALES
25.414.752.061.00

Como corolario de lo expuesto, la tercera transferencia existe, fue autorizada por el Ministro de Seguridad Pública y remitida al Ministerio de Hacienda para su correspondiente trámite. Así consta de los documentos citados y transcritos en lo que interesa, emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública y por la Comisión Nacional de Emergencia que  constan en el expediente de esta Comisión y se anexan a este dictamen.


Por ser un tema de gran alta trascendencia de orden legal, los Diputados y Diputadas integrantes de esta Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Públicos consideramos de suma importancia referirnos al cambio de destino que se dio, sin seguirse los procedimientos legales establecidos, a los recursos que fueron transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias mediante los Decretos Ejecutivos Números 36.781.H, de 23 de setiembre de 2011 y 36.886-H de 15 de noviembre de 2011.

Tal y como indica el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa,

Los recursos modificados por estos decretos eran por un total de 23.102.2 millones y se transferían en su totalidad a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para los siguientes destinos:

“Para atender declaratoria de emergencia efectuada mediante Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP publicado en el Alcance nº 14 a La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo de 2011” (DE-36.781-H)

“Para atender las Tareas de planeamiento, dirección, control y Coordinación de los programas y actividades de Protección, salvamente, atención, Rehabilitación y reconstrucción de las zonas Declaradas en estado de Emergencia en los Decretos ejecutivos nos. 34993-MP de 12 de enero de 2009 y 36252-MP de 4 de noviembre de 2010” (DE-36.866-H)

No obstante la claridad de tales disposiciones y del destino que tenían las transferencias de recursos que se autorizaban por ambos decretos, consta en el oficio Nº 1393 de fecha 21 de diciembre de 2011, supra indicado, por el cual el MBA Humberto Castro Arias, Director Programa 090, Coordinador  MSP-CNE, del Despacho del Viceministro de Seguridad Pública, informa en detalle al Máster Álvaro Montero Sánchez, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE,  que el Plan de Inversión III “PROYECTO EQUIPO DE MOBILIDAD AAEREA Y MARITIMA PARA LA ZONA DE LA FRONTEERA NORTE, TRASLADO O EVACUACION DE PERSONAS, MATERIALES Y REFORZAR PRESENCIA POLICIAL Y VIGILANCIA EN ZONAS ALEDAÑAS A ISLA CALERO, así como el Plan de Inversión IV,  “REPARACION DE EMBARCACION MARITIMA DENOMINADA “ISLA DEL COCO” PARA ENFRENTAR EVENTUAL EVACUACION O TRANSPORTE EN ZONAS FRONTERIZAS NORTE TERRESTE Y MARITIMA PARA VIGILANCIA POLICIAL”, presentados a la CNE mediante oficio Nº 3996-2011-DM dirigido a la Presidenta Ing. Vanessa Rosales Ardón, el día 21 de diciembre de 2011 por el Ministro de Seguridad Pública, se financiarán con los siguientes fondos (contenido):

“FONDOS (Contenido). Transferencia de ¢18,102.235.763.00 millones recursos del Ministerio de Seguridad Pública (¢4.045.661.066.00) y de otros Ministerios, según Decreto Nº36.866-H, publicado en el Alcance Nº 101, de la Gaceta Nº 236 del 08 de diciembre de 2011.”

El oficio Nº 1393-11-DV-HC, de 21 de diciembre de 2011, bajo análisis, fue trasladado el 23 de diciembre del 2011 por el M.Sc. Alvaro Montero Sánchez, Director Ejecutivo de la CNE al M.Sc. Sigifredo Pérez Fernández, Director DAF, a la Ing. Ericka Zamora Fallas Jefe CUE y a la Bach. Tatiana Castro, Asistente de Junta Directiva, todos funcionarios de la CNE, según consta de la certificación emitida el 5 de junio del 2012 por el Licenciado José Fernando Rodríguez Paniagua, Asesor del Departamento Legal de esa misma Institución.

Obsérvese que, si bien es cierto el Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, de 7 de marzo de 2011, autoriza en su artículo 7º que “La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para la atención de esta emergencia podrá utilizar  fondos remanentes no comprometidos de otras emergencias finiquitadas o vigentes, según disponga la Junta Directiva de éste órgano” a la fecha de esos oficios y de la aprobación de los respectivos planes de inversión, la Junta Directiva de la CNE no había autorizado utilizar los recursos provenientes de las emergencias ocasionadas por el sismo del 8 de enero del 2009 (DE 34993-MP) ni por la emergencia ocasionada por el Huracán Thomas (DE 36252), para atender acciones o financiar los planes de inversión de la emergencia de Isla Calero (DE 36440-MP).

Consecuentemente y en este caso en particular, se demuestra un serio y grave incumplimiento de los procedimientos legales y reglamentarios establecidos, lo cual configura una eventual  desviación por el cambio en el destino de recursos públicos, ya que la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Seguridad Pública, el CONAVI ni ninguna otra institución podían haber utilizado los recursos transferidos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36866-H, para dar la atención y financiar las acciones de la emergencia declarada por el Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, correspondientes al conflicto de Isla Calero.

A tal conclusión llega esta Comisión, con vista y fundamento de la Certificación emitida el 08 de agosto del 2012 por el Licenciado Alejandro Mora Mora, Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la CNE, que remite el Mba. Álvaro Montero Sánchez, Director Ejecutivo de la CNE, al Despacho del Diputado Walter Céspedes Salazar, que en lo que interesa indica:

SECCION DE CONTABILIDAD-PRESUPUESTO
La Sección de Contabilidad y Presupuesto de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos  y Atención de Emergencias (CNE), CERTIFICA: que según los registros financieros que del Fondo Nacional de Emergencia lleva esta Institución, a la fecha NO se han asignado al Decreto 36440-MP “Isla Calero”, recursos remanentes de otros Decretos de Emergencia cerrados o vigentes.--------------------
Se extiende la presente a solicitud del Mba. Álvaro Montero Sánchez, Director Ejecutivo de la CNE, en la ciudad de San José, a los 8 días del mes de Agosto del año 2012. Lic. Alejandro Mora Mora. Jefe de Contabilidad-Presupuesto.
De los documentos que han tenido a la vista los Diputados de esta Comisión se concluye:

1.       Que el Ministerio de Seguridad Pública autorizó el traslado de más de  ¢ 11.055.606.364.00 millones de colones, a la Comisión Nacional de Emergencias.

2.       Que de esos recursos ¢ 9.045.661.066.00 millones de colones fueron transferidos a la CNE mediante dos modificaciones que se realizaron al Presupuesto Nacional del año 2011:

a.       La primera, mediante el decretos ejecutivo Nº36781-H, por un monto de ¢ 5.000.000.00 (cinco mil millones de colones);

b.      La segunda, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36866-H, por un monto de ¢ 4.045.661.066.00, (cuatro mil  cuarenta y cinco millones seiscientos sesenta y un mil sesenta y seis colones), y,

3.       Una tercera transferencia, por la suma de ¢2.009.945.298.00 (dos mil nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y ocho colones),presentada ante el Ministerio de Hacienda el 16 de diciembre de 2011, cuyo trámite no se consigna en la liquidación presentada pero si en los documentos existentes y certificados por la CNE y el Ministerio de Seguridad Pública que constan en los archivos de esta Comisión.

4.       Que con la autorización emitida por el Licenciado Mario Zamora para que se tomaran esos recursos del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y se trasladaran a la CNE, con el objeto de financiar acciones relativas a varias declaratorias de emergencia, quedaron prácticamente eliminadas 3.922 plazas de oficiales y funcionarios de ese Ministerio, afectando de manera seria y negativa la seguridad ciudadana que como servicio público debe garantizar y brindar el Gobierno de la República y en particular el Ministerio de Seguridad Pública en todo el territorio nacional;

5.       Que para dotar de contenido presupuestario y financiar las acciones incorporadas al Plan General de la Emergencia, declarada mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36440- MP, el Poder Ejecutivo, sacrificó una serie de programas y acciones gubernamentales que afectaron la eficiencia y eficacia en la prestación del  servicio público que deben prestar los Ministerios de Seguridad Pública,  Hacienda, y Educación Pública, al disminuírseles sus presupuestos en las sumas de 9.045,7 millones, 5.017.5 millones y  4.175.1 millones, respectivamente, lo cual representa el 79% del total reajustado para la atención de emergencias.

6.       Si bien, las transferencias de recursos aprobadas a favor de la CNE mediante los Decretos Ejecutivos Números 36.781.H, de 23 de setiembre de 2011 y 36.886-H de 15 de noviembre de 2011, no indican  presupuestariamente las metas, objetivos, obras o actividades a realizar, es claro de los oficios emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública que esos recursos fueron utilizados tanto por el Ministerio de Seguridad Pública como por el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, entre otras instituciones, para dar atención a la apertura y construcción de la Ruta 1856, Juan Rafael Mora Porras como acción  estratégica establecida en el Decreto Ejecutivo Nº 34660 por el que declara “emergencia nacional” la supuesta amenaza y agresión a la “seguridad y soberanía nacionales”, de que fue objeto nuestro país por el Gobierno de Nicaragua.

7.       Que las anteriores acciones constituyen también un grave y serio incumplimiento por parte del Gobierno de la República a las disposiciones, metas  y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora.”

8.       Que al 08 de agosto del 2012 la Junta Directiva de la CNE no había autorizado utilizar los recursos provenientes de las emergencias ocasionadas por el sismo del 8 de enero del 2009 (DE 34993-MP) ni por la emergencia ocasionada por el Huracán Thomas (DE 36252), para atender acciones o financiar los planes de inversión de la emergencia de Isla Calero (DE 36440-MP), .

9.       Que los recursos transferidos a la CNE mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36252, utilizados para atender acciones y planes de inversión correspondientes a la emergencia de Isla Calero, declarada por Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, configuran un serio y grave incumplimiento de los procedimientos legales y reglamentarios establecidos, lo cual configura una eventual  desviación por el cambio en el destino de recursos públicos

10.   Que la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Seguridad Pública, el CONAVI ni ninguna otra institución podían haber utilizado los recursos transferidos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36866-H, para dar atención y financiar las acciones de la emergencia declarada por el Decreto Ejecutivo Nº 36440-MP, correspondientes al conflicto de Isla Calero.






[2] Ing. Carlos Acosta, ex director de CONAVI, Acta de Comisión Control de Ingreso y Gasto Público 7 de agosto 2012

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René apoya la Nueva Ley de Vida Silvestre

NUEVA CABINA ESTRENA RADIO GIGANTE EN LA VOZ DEL PUEBLO EN COSTA RICA 800 AMPLITUD MODULADA. AQUI EL DIRECTOR DE LA VOZ DEL PUEBLO WALTER EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS Y YOLANDA GUTIERREZ VENTURA







Alta probabilidad inundación Puntarenas ciudad…. Pondrá de relieve fractura de origen sísmico ?


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Alta probabilidad inundación Puntarenas ciudad…. Pondrá de relieve fractura de origen sísmico ?

Atte.
Guillermo E. Quirós Alvarez