Por Ottón Solís
Los fondos del BCIE son públicos pues el banco es propiedad de varios Estados, dentro de ellos, el de Costa Rica. El Gobierno de Costa Rica es parte del sector público. El BCIE le donó unos fondos al Gobierno de Costa Rica, no a una persona particular. Sin embargo, de alguna manera, las autoridades costarricenses encargadas de cuidar los fondos públicos y la legalidad de los actos de los gobernantes, se las agencian para concluir que los fondos podían ser manejados como si fuesen fondos privados donados a una persona particular con muchopoder, la cual podía utilizarlos para pagar favores políticos con contratos de “trabajo”, en el tanto el acto formal de las contrataciones lo hizo el BCIE. ¿Dónde en nuestro ordenamiento legal se autoriza ese procedimiento, tal y como lo exige el principio de legalidad cuando se trata del sector público? Pero, en fin, ¡el poder es el poder!
Un expresidente negoció la obtención de ¢450 millones de la empresa ALCATEL, sobornadora de políticos, condicionados a que la empresa ganara un contrato con el ICE. El expresidente no puede mostrar ningún acto o documento que justifique el pago de esa millonaria suma. Lo que si podía mostrar el expresidente al momento de acordar el negocio, era poder para que el contrato se aprobara.
Un excandidato presidencial utilizó el poder en su partido para convertirlo en cliente de sus negocios personales. La presidencia de la República significa mucho poder para la persona que ostente el cargo, el tipo de poder que se puede utilizar para beneficiar los negocios propios y de amigos o aquellos de los financistas de campaña.
En estos y muchos otros casos, ante el silencio de la ley los transgresores de la ética proclaman victoria. Pero el supuesto de que los estándares éticos esperados de los políticos están definidos en las leyes es peligroso para la democracia. Hay actos ilegales que son éticos y hay actos vergonzosos que son legales. Cuando un alcalde toma fondos destinados en el presupuesto vigente, por ejemplo, para la construcción de un puente, y los desvía para comprar una vagoneta, viola la ley pero no la ética. Por otra parte, cuando un candidato negocia con un(a) periodista favoritismos noticiosos en campaña a cambio de un puesto público de confianza no viola la ley pero si lo hace con la ética.
¡Pero la política en Costa Rica está dando para todo! Otro expresidente, el cual, en su caso, sí está condenado por el uso de poder para incurrir en peculado (en el caso CCSS-Fischel), recorre el país, también con cara de santo asertivo, buscando reinsertarse en la política nacional.
Aparte de estos problemas éticos, las políticas que este tipo de dirigentes han venido impulsando o apoyando en las últimas décadas, han hecho que Costa Rica descienda dramáticamente en su nivel de desarrollo en relación con otros países. En algún momento, hace menos de dos décadas, Costa Rica era el país más desarrollado de América Latina, hoy ocupa el séptimo lugar. Por esos años, solo un 15% de los países del planeta eran más desarrollados que Costa Rica; hoy somos superados por un 36%.
Todo lo anterior demuestra sin ambigüedades, primero, que el ejemplo diseminado por estos políticos les impediría demandar integridad y eficiencia de la administración pública y no sirve para inspirar al resto de la población por la vía de la honestidad y el trabajo honrado. Segundo, que tampoco sirven para que Costa Rica sobresalga en el mundo por su nivel de desarrollo.
Sin embargo, sin servir, ni para inspirar ni para desarrollar el país, hoy los protagonistas de todos estos casos son puestos en el podio, aplaudidos, tratados con respeto y deferencia en sus partidos y apetecen, con posibilidades, la presidencia de la República.
¿Para qué sirven entonces, por que para algo sirven? Para negociar dinero a raudales para sus eternas campañas y para emplear su poder en la oferta de puestos, en el clientelismo y en la protección de sus seguidores sin importar las reiteradas corruptelas de algunos de ellos. Esto le permite a esos políticos situarse en el podio, ser aplaudidos y tratados con respeto y deferencia por los cuadros intermedios de sus partidos y por los sempiternos busca-puestos. De ese modo pueden aspirar, con posibilidades, a influir en la política nacional o a ganar la presidencia de la República.
Ese tipo de políticos llaman “liderazgo” la hábil utilización de esas herramientas para promoverse y ser queridos. Sin embargo, una de las obligaciones más importantes de los verdaderos líderes es cuidar, contra viento y marea, la ética proclamada, ¡la cual, en el caso de todos los políticos costarricenses, alcanza estándares angelicales!.
Porque si un político no sirve ni para practicar, ni para exigir de sus acólitos, la ética que como supuesto líder el mismo ha escogido ofrecer, no sirve para nada. Y, sobre todo, no sirve para tomar y ejecutar las impopulares decisiones que hoy demanda el desarrollo.
Columnista huesped
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