650 mil dólares por venta de propiedad cayeron en cuentas de ex subtesorero Libertario

El fundador del Movimiento Libertario Otto Guevara.

San José, 16 abr (elpais.cr) - Una de las incógnitas sobre el financiamiento de la campaña electoral del Partido Movimiento Libertario se refería al origen de los 465.000 dólares que fueron a parar a las cuentas del fundador del partido, Otto Guevara.

Supuestamente, Carla Vanesa Gómez, posicionada en el mundo de la belleza, atestiguó que dicha cantidad procedía de sus propios recursos, por concepto de la venta de uno de sus centros de belleza.

Sin embargo, la comparecencia que tuvo lugar hoy por Luis Manuel Castro Ventura, presidente de BLP Trust Services S.A, podría dar un giro de 180 grados a la situación, puesto que demostró que Gómez no registraba propiedades a su nombre sino que, el Spa en cuestión pertenecía a Enrique González Aguiluz.

Castro informó que los ingresos derivados de la supuesta venta de la propiedad Hacienda Los Reyes de éste, 650.000 dólares, fueron presumiblemente transferidos a las cuentas del entonces subtesorero del partido, Cristian Manuela Arguedas.

Castro, abogado representante de un cliente que se encontraba inmerso en un proyecto de desarrollo inmobiliario en Los Reyes, Alfredo Montealegre, y quien compró varias fincas colindantes, aseguró que, una de éstas pertenecía a Aguiluz y que, la misma portaba tres hipotecas, con dos acreedores, Efraín Roldan Villalobos y Mauren Monge.

La cancelación  de uno de los créditos hipotecarios por la cantidad de 530.000 dólares involucra a Otto Guevara, quien aparece como notario público.

Pero, lo que alarmó a los diputados miembros de la Comisión, principalmente a Jeanette Ruiz, Partido Acción Ciudadana, fue que la cantidad obtenida por la venta de la propiedad no fue entregada por la empresa representante del comprador, BLP Trust Services S.A, a su dueño, Aguiluz, sino que se depositó en las cuentas de Arguedas, entonces tesorero de Movimiento Libertario.

De la misma forma, los acreedores también autorizaron supuestamente la entrega del monto correspondiente a los bolsillos del mismo.

Entonces, se preguntan: ¿Cuál fue el interés de Carla de involucrarse en una presunta trama de la que no fue partícipe? Y, ¿dichos 650.000 dólares proceden de los 450.000 dólares iniciales? ¿Cuál es el nexo de unión? Diputados enviarán dicha causa al Ministerio Público por la posible aportación de versiones contradictorias y llamarán a comparecer a todos los nombres que saltaron a la palestra.

Aunque parezca increíble el gobierno gasta 1000 millones al día en el pa...

Especialista en propaganda negativa asesora a Rodrigo Arias

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Figueres en la frontera con Nicaragua

Ayer el expresidente, José María Figueres, con uniforme de policía, visitó la carretera 1856-Juan Rafael Mora, fronteriza al río San Juan, como parte de la visita que realiza al país.
El exmandatario resaltó la obra que desarrolla la gobernante Laura Chinchilla, pues ayuda a rescatar la soberanía nacional.
Figueres recorrió los 13 kilómetros que unen a Delta Costa Rica con la comunidad de Fátima, además de reunirse con miembros de la Fuerza Pública de la localidad y saludar a niños de tres escuelas.

Caída del plan fiscal afectará percepción de riesgo de Costa Rica - Finanzas - elfinancierocr.com

Caída del plan fiscal afectará percepción de riesgo de Costa Rica - Finanzas - elfinancierocr.com

Presidenta de Costa Rica insiste en reforma tributaria pese a presiones

 

2012-04-09 — 9:43:00 PM — La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció este lunes que seguirá impulsando una reforma tributaria que permita reducir un elevado déficit fiscal, pese al escándalo por la evasión fiscal de miembros de su gabinete y a las presiones de distintos sectores para que retire el proyecto.

"Los eventos de los últimos días no me detendrán... seguiremos dando la lucha por sacar adelante la reforma tributaria", manifestó Chinchilla en una cadena nacional de televisión.

En las últimas dos semanas, el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, se vio forzado a renunciar al cargo tras revelarse que -al igual que otros ministros- tenía propiedades declaradas con valores inferiores a los reales, por lo que pagaba menos impuestos.

La prensa prensa local también dio a conocer que una empresa de la esposa de Herrero y asesora personal de la Presidenta, Flora Isabel Rodríguez, había declarado menos del 50% de sus ingresos reales en el periodo fiscal 2010-2011, lo que le permitió eludir el pago de impuestos.

En el escándalo también resultó salpicado y forzado a renunciar el director general de Tributación Directa, Francisco Villalobos, de quien se reveló que no había cumplido con el pago de impuestos personales por más de 3.000 dólares.

En su mensaje televisivo, Chinchilla insistió en la necesidad de aprobar la reforma fiscal, para enfrentar un déficit del sector público que ronda el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más alto de América Latina.

"Pese a las innumerables dificultades que he debido enfrentar y a la fiera oposición de algunos sectores que desean mantener situaciones de privilegio, seguiré con la misma firmeza y convicción luchando por dejarle a Costa Rica un sector público más eficiente, con menos privilegios y mejor financiado", apuntó la gobernante.

El proyecto de reforma, aprobado en el primero de dos debates por el Congreso, incluye un aumento del 13% al 14% del impuesto al valor agregado, un fuerte aumento al impuesto de los salarios de más de 8.000 dólares, así como tributos a las empresas de zonas francas, que estaban exentas, entre otros aspectos.

Organizaciones sindicales, empresariales y políticas de oposición han pedido a Chinchilla que retire el proyecto de la corriente legislativa y que abra un nuevo debate sobre el tema fiscal.

El 2012 se perfila como un año decisivo en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares en Costa Rica, pues la administración Chinchilla -en contubernio con el Partido Acción Ciudadana-, apostará por aprobar su proyecto de reforma fiscal, y además, implementar una serie de recortes presupuestarios en las instituciones estatales. Más claramente, durante los meses venideros se determinará ¿quién pagará las consecuencias de la crisis capitalista en Costa Rica en los próximos años?

Frente al ajuste fiscal del gobierno, es precisa la unidad del movimiento sindical alrededor de una agenda de lucha y movilización social.

El 2012 se perfila como un año decisivo en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares en Costa Rica, pues la administración Chinchilla -en contubernio con el Partido Acción Ciudadana-, apostará por aprobar su proyecto de reforma fiscal, y además, implementar una serie de recortes presupuestarios en las instituciones estatales. Más claramente, durante los meses venideros se determinará ¿quién pagará las consecuencias de la crisis capitalista en Costa Rica en los próximos años?

Un ajuste fiscal a dos bandas: recortes presupuestarios y reforma tributaria

Desde luego que el gobierno de Laura Chinchilla, como representante de los intereses generales de los capitalistas en el país, tiene como política que sea la clase trabajadora, asalariados estatales y los sectores populares, quienes costeen el elevado déficit fiscal, que para el 2011 representó un 4,4% del PIB (equivalente a 900 millones de colones).Y en esta dirección ya implementó una serie de medidas ejecutivas, centralmente orientadas a desfinanciar las instituciones estatales.

Esto se comprende mejor al comparar la disminución relativa del presupuesto nacional en los últimos años: “El plan de gastos [se refiere al del 2012] se incrementará un 8% respecto al del 2011, lo cual será menor al 13,7% del presupuesto del 2011 comparado con el 2010 y al 20% del 2010 en relación con el del 2009 (1)”.

Lo anterior explica el constante deterioro en los servicios brindados por instituciones estatales, las cuales están siendo asfixiadas financieramente por el gobierno de Chinchilla. Uno de los casos más relevantes es la CCSS, institución que aparte de contar con elevados índices de morosidad patronal –incluido el Estado-, para el 2012 está sufriendo altos recortes que ponen en jaque el funcionamiento de importantes centros hospitalarios.

De acuerdo a un comunicado del Colegio de Médicos y Cirujanos, debido a estos recortes “no se garantiza una cobertura adecuada” de los servicios hospitalarios; algo patente en hospitales como el de Alajuela, que sufrió un recorte de 1.000 millones de colones, por lo que disminuyó un 30% el rubro destinado para guardias y un 10% el dedicado a la disponibilidad médica (2).

Otra faceta del ajuste fiscal del gobierno consiste en pauperizar las condiciones de trabajo en el sector estatal. Un ejemplo reciente lo constituye el ridículo “aumento” salarial de cinco mil colones, decretado unilateralmente por el gobierno y, que tan siquiera, alcanza para cubrir la inflación acumulada en el semestre anterior (mucho menos la inflación proyectada para este primer semestre) (3). Además, poco antes de cerrar esta edición, se hicieron públicas las intenciones del gobierno por reintroducir en las sesiones extraordinarias del parlamento la Ley de Empleo Público, a través de la cual se homologarían hacia abajo las condiciones laborales y salariales en todas las instituciones estatales, suprimiendo pluses, anualidades y otras conquistas del sector.

Como correlato de esto, vale señalar que los capitalistas también vienen aplicando “ajustes” en sus respectivas empresas, ya sea mediante el despido de trabajadores y trabajadoras (el desempleo aumentó del 7,3% al 7,7%); o bien, a través de un incremento en la “productividad” en sus negocios, lo que en realidad significa un incremento en los niveles de explotación durante la jornada de trabajo. Al respecto de esto último, fue muy significativa la histórica huelga bananera de noviembre del 2011, realizada por los obreros y obreras de las fincas pertenecientes a Del Monte en Sixaola, quienes libraron una lucha de 21 días en repudio a la implementación de un “combo”, que reducía en un 60% sus salarios (4). 

Por último, pero no menos importante, está el proyecto de reforma fiscal del gobierno –negociado con el PAC-, el cual se sustenta en el cobro de un impuesto indirecto del 14% sobre el valor agregado (IVA), que viene a perpetuar la desigual estructura tributaria del país, donde el 66,1% de los ingresos fiscales corresponden a impuestos sobre el consumo, mientras que las entradas por tributos directos (es decir, sobre la renta capitalista) representan el 33,9% restante.  En otras palabras, en Costa Rica 2/3 partes de los ingresos fiscales recaen principalmente sobre las personas provenientes de la clase trabajadora, los asalariados estatales y los sectores populares, mientras que los grandes consorcios capitalistas nacionales y/o transnacionales, tan sólo aportan 1/3 parte de los ingresos anuales de la hacienda nacional.

Las tareas para el movimiento sindical y popular

Desde el Partido Socialista de las y los Trabajadores (PST), caracterizamos que la tarea central para el conjunto del movimiento sindical, estudiantil y popular para el 2012, se sintetiza en la necesidad de derrotar el plan de ajuste fiscal del gobierno, tanto en su faceta de recortes presupuestarios, así como en las intenciones de aprobar su regresivo proyecto de reforma tributaria.

Asumir plenamente esta tarea implica que las organizaciones sindicales y populares replanteen sus métodos de lucha y organización. En primer lugar, porque torna indispensable articular un espacio unitario para el conjunto de organizaciones, desde el cual coordinar, centralizar e impulsar las actividades de movilización social. Aunque en los últimos meses se han gestado algunas reuniones de diferentes espacios, en términos generales se caracterizan por tener un carácter muy coyuntural y poco sistemático (5).

En segundo lugar, es preciso que se trace una estrategia real de lucha que, efectivamente, persiga derrotar –y no renegociar o pactar- el plan de ajuste fiscal del gobierno y la burguesía. Para esto, las organizaciones sindicales deben avanzar hacia una perspectiva más política de sus luchas particulares, abandonando todo posicionamiento gremialista y cortoplacista.

Desde el PST encontramos progresivo realizar movilizaciones por mejores condiciones salariales y/o reivindicaciones sectoriales, pero dentro de la coyuntura actual hacerlo desligado de un plan de lucha contra el ajuste fiscal es equivocado, pues tiende hacia el desgaste de la fuerzas sociales con capacidad de movilización. Al respecto, vale recordar la experiencia de lucha contra el TLC, donde hubo infinidad de movilizaciones contra el tratado comercial, pero sin ninguna perspectiva de desencadenar un proceso de lucha para derrotarlo en las calles (por eso mismo el referéndum resultó idóneo para la mayoría de dirigencias sindicales que apostaron desde un inicio a una salida institucional).

Los recientes procesos de lucha a nivel internacional demuestran que ante la profundización de la crisis económica mundial, las burguesías tienen como política descargar los costos de la misma sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares. Y no dudamos de que Costa Rica tenderá a  sincronizarse cada vez más con esta situación mundial, pues no basta con ser declarado el “país más feliz del mundo” (sic) para escapar del alcance universal de la lucha de clases. Asumir esta premisa política es un elemento central para comprender las tareas actuales que tenemos por delante.