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jueves, 3 de noviembre de 2011

miércoles, 2 de noviembre de 2011

Luís Alberto Jaén Martínez: Un símbolo de Lucha y Resistencia Rogelio Cedeño Castro (*)

Acaba de fallecer en su hogar de San Vicente de Moravia, mi querido compañero y camarada de toda una vida, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), un luchador incansable por los derechos de los trabajadores y militante de las mejores causas populares, a lo largo de su fructífera y prolongada vida. Don Luis Alberto se preparaba para acompañarnos en el SITUN, dentro de una jornada de reflexión sobre el tema de la seguridad social en Costa Rica, durante el día de mañana jueves 3 de noviembre de 2011, a partir de las 8 y 30 am, en el auditorio del Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Nacional (OVSICORI). Hoy, ante una noticia tan dolorosa, sólo nos queda decirle a los compañeros trabajadores de nuestra UNA que la actividad conmemorativa y reflexiva estará a mi cargo, con una semblanza del compañero fallecido y una reseña que haremos de su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL, que alcanzó a publicar hace unos meses y que don Luis nos ha dejado como un testimonio del grado de descomposición alcanzado por la sociedad costarricense, pero también como un llamado para luchar contra los saqueadores del patrimonio de todos los costarricenses y en defensa del derecho a la salud y a la vida de los habitantes de nuestro país. Proseguir en el combate tenaz y valiente de este compañero es el mejor homenaje y reconocimiento que podemos brindarle a quien no escatimó ningún esfuerzo y sacrificio alguno por abrirle los ojos a un pueblo, buena parte de cuyos hijos han acabado comiendo en el plato de la corrupción más desenfrenada o lo que es peor, se han convertido en sus cómplices con la cobardía de su silencio o de su indiferencia suicida.

Acostumbrado a usar un lenguaje duro y directo, o dicho de otra manera, a llamar las cosas por su nombre, algo que no le gusta a mucha gente en este medio hipócrita y timorato, un hecho acentuado por los rasgos de la delirante posmodernidad con su individualismo exacerbado, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011) denunció siempre con voz valiente y decidida el océano de corrupción dentro del que viene naufragando la sociedad costarricense, a lo largo de las últimas décadas, como una circunstancia que requiere de decisiones heroicas. Sus últimas batallas, dentro de las múltiples que dio a lo largo de su fructífera vida, fueron en defensa de la seguridad social en Costa Rica y el saqueo sistemático a los fondos destinados a la Caja Costarricense de Seguro Social, una tarea que llevó a cabo casi solo durante mucho tiempo hasta que, a lo largo del último año el tema de la seguridad social terminó por reventarle en la cara a los corruptos e inhumanos burócratas de la caja y a una clase política que casi en su totalidad había puesto oídos sordos al tema, tal y como sucedió hasta con la actual presidenta del PAC, doña Elizabeth Fonseca quien, durante su gestión de diputada durante período legislativo anterior, se negó a concederle a don Luis una audiencia de cinco minutos para conocer las pruebas sobre denuncias acerca del saqueo de que ha venido siendo objeto la caja, desde hace varias décadas. Don Luis Alberto dejó constancia de ello en las dedicatorias de su libro, donde incluso indica que habiendo acudido a la Sala IV o Sala Constitucional de la Corte, ese órgano estableció que la susodicha diputada no estaba obligada a atender a un ciudadano para escuchar sus denuncias. Ojalá que doña Elizabeth al igual que el resto de la clase política de este país no sólo hiciera -por así decirlo- un acto de contrición acerca de sus erróneas decisiones del pasado reciente, sino que también pusiera manos a la obra para enmendar el grave crimen que se viene cometiendo en contra del pueblo costarricense.

Su larga trayectoria de servicio público fue pasando desde el dirigente estudiantil y redactor del periódico de la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica (FEUCR), de la parte final de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, seguida por la del enérgico inspector de trabajo, a lo largo de la década de los cincuenta, allá en Guanacaste, San José y la Zona Bananera del Pacífico Sur, continuada por la del militante del Partido Vanguardia Popular de los años sesenta y dirigente de la Federación Nacional de Juntas Progresistas de esa época, a la que siguió la del militante y fundador del Frente Popular Costarricense de los años setenta, organización que abandonara ante la traición y la inconsecuencia de la mayor parte de sus dirigentes.

Después tuvimos, a lo largo de las décadas de los ochenta, noventa y las primeras de este nuevo siglo, a un solitario y valiente luchador que no se cansó de denunciar la corrupción en este país y el crimen que representa la destrucción de la seguridad social en Costa Rica. Su ejemplo y su presencia en la lucha nos harán una gran falta, pues serán necesarios otros combatientes de su gigantesca talla para que la rebeldía prenda entre nosotros y muchos se dispongan a retomar esa lucha con la firmeza y la decisión de Luis Alberto Jaén, el verdadero inclaudicable entre los inclaudicables, quien siempre me honró con su amistad y cariño. Gracias a Luis Alberto por la luminosidad de su ejemplo. A su familia todo mi afecto.

(*) Secretario de Educación del SITUN.

De: DIPUTADO WALTER CESPEDES SALAZAR A: A los señores y señoras de los Medios de Comunicación

2 DE Noviembre de 2011

De: DIPUTADO WALTER CESPEDES SALAZAR

A: A los señores y señoras de los Medios de Comunicación

Aclaración relacionada con el oficio enviado el viernes 28 de octubre por varios diputados a la Contralora General de la República solicitándole la declaratoria de incompetencia de Órgano Contralor para Refrendar el Contrato de Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín y el proyecto de ley número 18301 mediante el cual se formaliza el trámite legislativo de aprobación, improbación o refrendo de este contrato.

En primer lugar, se señala que las afirmaciones del Poder Ejecutivo respecto a este tema son muy desafortunadas; siendo que en algunos casos incluso rayan en el irrespeto. En segundo lugar aclaramos que el Gobierno de forma irresponsable está tratando de engañar y confundir a los medios de comunicación y a la población nacional. Esto por cuanto han estado argumentando que los temas planteados por los diputados y diputadas ya fueron resueltos en varios votos y en especial por el voto 2005-05651 de la Sala Constitucional.

Esta afirmación falta a la verdad por las siguientes razones.

La sentencia N°2005-05651 de la Sala constitucional se refiere a otro tema distinto al que los diputados y las diputadas estamos plateando. Los señores del Poder Ejecutivo no leyeron bien la sentencia con la cual están saliendo al paso o le están mintiendo al país.

La sentencia N°2005-05651 es sobre una Acción de Inconstitucionalidad presentada contra la concesión del Puerto de Caldera, porque según la Sala Constitucional “los actos contra los cuales se dirige esta acción de inconstitucionalidad: que son precisamente los actos de invitación a concursar realizados por el Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP) y por el Consejo Nacional de Concesiones en las licitaciones internacionales (…), así como su posterior adjudicación y refrendo; (…) y de igual modo respecto de los artículos 2 incisos 2) y 3) y 5 inciso 4) de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, número 7762 (…), son inconstitucionales por estimarlos contrarios a los principios de legalidad, reserva de ley, indelegabilidad de funciones, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso,…” y por contradecir varios artículos de la Constitución Política en especial el 121 inciso 14) Constitucional. La sentencia declara sin lugar la Acción que se había presentado en ese momento. Pero se puede ver claramente que NO ES EL TEMA PLANTEADO POR LOS DIPUTADOS. EL PROYECTO PRESENTADO ES RESPECTO A LA COMPETENCIA PARA APROBAR O REFRENDAR CONTRATOS DE LA SIGNIFICACIÓN DEL DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES DE MOÍN. Los diputados no estamos planteando que la Asamblea tenga que refrendar todos los contratos, sino aquellos que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA reservó para el Poder Legislativo. La acción de los diputados está referida a la COMPETENCIA, según se señala congruentemente en los artículos N°140 inciso 19 y N°121 inciso 14 de la Constitución Política referentes a los contratos de “explotación de servicios públicos, recursos o riquezas del Estado”; y lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley General de Concesiones y las leyes referentes a los recursos marítimos.

Además mediante esa resolución la Sala Constitucional estableció que:

“…no es inconstitucional que la administración pública concesione estos bienes en los parámetros que este Tribunal ha señalado. Por otro lado, como bien indican los mismos accionantes, el artículo 2 inciso 3 aquí impugnado señala que: “...En el caso de los muelles de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, por esta ley, únicamente podrán ser concesionadas las obras nuevas o las ampliaciones que ahí se realicen y no las existentes.”, ajustándose al artículo 121 inciso 14, por lo que de violentar tal disposición las licitaciones cuestionadas, es un asunto que debe ser determinado en la vía de legalidad, pues no estaríamos en consecuencia ante una violación constitucional, sino ante una disconformidad con la aplicación de la ley. (no destacado en el original)

VII.- Los accionantes solicitan a este Tribunal que en caso de declarar que la ley impugnada sea una ley marco, declare inconstitucionales las licitaciones aquí impugnadas por haber sido tramitadas por procedimientos diversos a los que establece la Ley 7762. Tal extremo resulta improcedente para la Sala, pues lo pretendido constituye la emisión de un juicio de mera legalidad, lo que excede la competencia de este Tribunal. Por supuesto que si en la cúspide del orden normativo se encuentran las normas que contempla la Constitución Política, ciertamente cualquier vulneración de orden legal violenta también la Constitución Política, pero para remediar estos conflictos el constituyente originario creó las jurisdicciones comunes.” (no destacado en el original)

Así que el Poder Ejecutivo está induciendo a los medios de comunicación a cometer error al dar por cierto lo dicho por ellos.