miércoles, 20 de octubre de 2010

Jesus Adrian Romero - Como la brisa (Oficial)

JESUS ADRIAN ROMERO - VUELVE A LLAMAR

Más de 100 mil patronos pasarán a cobro judicial



La
          Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
          (Desaf) está adscrita al Ministerio de Trabajo. CRH/Archivo
SAN JOSÉ, 19 oct (CRH) – Más de 100 mil patronos serán pasados a cobro judicial a partir del 1º de noviembre próximo, a fin de que se pongan al día con sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El 31 de octubre venidero, es decir en menos de quince días, concluirá el plazo de amnistía que se les había dado a los empresarios atrasados con sus obligaciones con el Fodesaf, conforme a la ley de reforma al mencionado Fondo aprobada en septiembre de 2009 por la Asamblea Legislativa.
Al día de hoy, 110.149 patronos están morosos, y todos ellos deben la astronómica suma de ¢103.231.480.000.
Ese dinero, acumulado en los últimos cinco años, lo necesita la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), para distribuirlo en diversas instituciones estatales que se ocupan en auxiliar a los sectores de población menesterosos.
El atraso en la ejecución de los cobros judiciales se debió a que ningún ente público tenía la potestad para hacerlo. Con la modificación a la ley, hace un año, se le encomendó esa tarea a Desaf, que en estos momentos está ubicando a las decenas de miles de morosos y procurando contratar abogados para que se encarguen de los respectivos apremios judiciales.
Y entre las tareas que viene desarrollando la Desaf, a cuya cabeza está la economista Amparo Pacheco, además de la reorganización de la dependencia, está el cobro de las obligaciones atrasadas, a un ritmo, en los últimos meses, de ¢200 millones por mes.
El Fondo se sustenta en un 54,1% del recargo sobre las planillas, un 43,7% del impuesto de ventas (el Gobierno hace la transferencia), y 1,9% de lo que hasta el momento se ha logrado recuperar de la deuda de las compañías atrasadas en ese pago.
En el país la extrema pobreza golpea a 250 mil familias. Hay alrededor de 350 asentamientos o tugurios, cuyos habitantes requieren vivienda digna o ser reubicados en desarrollos habitaciones de interés social. Con esos ¢100 mil millones que se pretende recoger en los próximos meses, se solucionarían muchos de esos problemas.

INA y líder mundial en producción digital renuevan alianza




COMUNICADO DE PRENSA 
INA y líder mundial en producción
digital renuevan alianza 

 
El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la trasnacional avVenta Worldwide, líder mundial en producción digital y servicios interactivos, renovaron por dos años más la alianza para capacitar jóvenes talentos costarricenses.
La compañía se dedica al diseño de páginas web, banners para campañas publicitarias y mercadeo en línea.
Olman Segura, Presidente Ejecutivo del INA,  Rodolfo Soto, Director de Servicios de Tecnología y Fabricio Soto, Vicepresidente de Operaciones de la  transnacional, coincidieron en la importancia que este Convenio tiene, no solo para la empresa sino también para el país.
“Esta es la renovación de un compromiso conjunto de entrenar a la juventud costarricense en áreas de la web, el Internet y el diseño de punta  a nivel mundial y hacerlo en la empresa misma que ahorita tiene alrededor de 500 personas trabajando”, dijo Segura. 
Prepararse para el futuro
Rodolfo Soto, Director de Servicios de Tecnología de avVenta, considera que esta alianza refleja muy bien el norte que está tomando el INA, al adelantarse a la formación de personas técnicas que necesitará el país en un futuro cercano, en diversas áreas.
“Sentimos orgullo de poder brindar este tipo de trabajo a  nivel salarial y de carrera a jóvenes costarricenses que tal vez no tendrían acceso a este tipo de capacitaciones de no ser por los cursos que logramos a través de este Convenio con el INA”, recalcó.
AvVenta, con cinco años de operar en el país, tiene ambiciosas metas de crecimiento.
Fabricio Soto, vicepresidente de operaciones de la empresa comentó que actualmente la compañía tiene un recurso humano de 500 personas, cifra que en el 2011 esperan aumentar en un 30%, o sea buscarían unos 200 nuevos talentos, como mínimo, por lo que la alianza de trabajo con el INA en el campo académico se vuelve fundamental. 
 

martes, 19 de octubre de 2010

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EDITORIAL La Nación Martes 19 de octubre del 2010 / REPRESA EN EL SAN JUAN







               REPRESA EN EL SAN JUAN


El Gobierno de Nicaragua impulsa, a paso acelerado, la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Juan, cuyos efectos podrían hacerse sentir en Costa Rica. A ambos lados de la frontera existe preocupación por el daño ecológico previsible, especialmente la sequía de humedales y la pérdida de caudal en la parte baja de la vía fluvial.

La represa, valorada en $600 millones, producirá 250 megavatios para convertirse en la principal fuente de energía eléctrica en Nicaragua, un país muy necesitado de ese recurso. Para lograrlo, los nicaragüenses proyectan construir un muro de diez metros de alto y 400 de largo que regularía el paso del agua hacia el mar Caribe.

El vicecanciller Carlos Roverssi señala que las obras se ejecutarán en territorio nicaragüense. Eso no impide que el Ministerio de Relaciones Exteriores emprenda gestiones para averiguar las repercusiones en suelo nacional y en el río mismo, donde Costa Rica goza de derechos de libre navegación. Según Roverssi, las gestiones ya están en marcha, y en la Asamblea Legislativa los integrantes de la Comisión Especial del Ambiente también manifiestan preocupación y deseo de viajar a la zona para palpar la situación en ambas márgenes del río.

La diligencia en esta materia es un imperativo para nuestras autoridades, porque la localización de la obra en territorio nicaragüense no nos priva de un legítimo interés en el asunto ni releva al Estado costarricense de su obligación de defender, por los medios legales a su alcance, la integridad de su territorio.

La soberanía de Nicaragua sobre el río no está en discusión, pero sí las repercusiones nocivas que el desarrollo de la represa pueda tener en nuestro país. Para prevenirlas, Costa Rica cuenta con su diplomacia y un rico acervo del derecho internacional desarrollado en esta materia.

Múltiples fallos de la Corte Internacional de Justicia establecen la obligación de los Estados de evitar que actividades desarrolladas en pleno ejercicio de la soberanía causen daños al ambiente de países vecinos. La soberanía no comprende ya un derecho a hacer lo que plazca dentro del territorio nacional sin preocupación por los daños a terceros y aun a las áreas no sometidas a la jurisdicción de Estado alguno, como la altamar.

Costa Rica tiene derecho a estar bien informada de los trabajos proyectados en Nicaragua. Los probables efectos de la represa sobre la flora y fauna, por ejemplo, bastan para entender que la Convención de Biodiversidad, ratificada por ambos países, es aplicable al caso. Ese cuerpo normativo establece la necesidad de intercambiar información y establecer mecanismos de consulta cuando las actividades desarrolladas en un Estado pueden tener efecto sobre el ecosistema del vecino.

Nicaragua, según los estableció el reciente fallo de la Corte Internacional, tiene derecho a realizar obras en el río, pero también la responsabilidad de no afectar la navegación (como podría ocurrir con la pérdida de caudal) o el ambiente. Como el ejemplo citado, existen otras normas y principios aplicables para conciliar intereses y preservar la armonía.

El desarrollo de Nicaragua y en particular de la zona fronteriza debe ser entendido como un interés nacional costarricense. La estabilidad y prosperidad del país vecino conlleva importantes beneficios para el nuestro. El tema de la represa debe ser contemplado en esa perspectiva, con ánimo de colaboración y no de caprichosa obstaculización.

Hacen bien nuestras autoridades en promover los procesos de información y consulta desde ahora, para estar a tiempo de defender los bienes costarricenses que están en juego.