lunes, 24 de noviembre de 2008

VIDEO DEL DIPUTADO JOSE MERINO DEL RIO SOBRE EL VETO PRESIDENCIAL DE LEYES DEL AMBIENTE


DIPUTADO JOSE MERINO DEL RÍO EN DECLARACIONES A LA VOZ DEL
PUEBLO SE REFIERE AL VETO PRESIDENCIAL SOBRE LEYES DEL AMBIENTE

EN COSTA RICA NO QUIEREN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CHINA

Industriales pedirán exclusión del TLC con China


La Cámara de Industrias solicitará que todo el sector quede excluido del tratado de libre comercio que Costa Rica comenzará a negociar con China a partir del 19 de enero del próximo año.

“Sí queremos libre comercio y comprendemos su importancia para un país pequeño como Costa Rica, pero el deChina no representa oportunidades , salvo en algunos nichos como concentrados de jugos y bebidas alcohólicas. Tiene muchas amenazas que nos lleva a plantear más bien un Acuerdo de Alcance Parcial”.

Así lo dejó claro el presidente de los industriales, Juan María González, durante el balance anual y las perspectivas para el 2009.

“Es cierto que es un mercado grande pero tiene muchos obstáculos al comercio. Sería una negociación basada en la desconfianza”, aseguró González.

La Cámara calificó como “inservible” el estudio de factibilidad que dio a conocer el Gobierno en julio pasado. Es decir, no es una buena base para decidir si conviene o no negociar con el gigante asiático, pues ignora los obstáculos técnicos al comercio.

“Hay un interés geopolítico (por parte del Gobierno) atravesado con el interés comercial y, por desgracia,cuando eso pasa, el comercio sale perjudicado . Esto sucedió con el tratado de libre comercio con México, en 1994”, agregó el industrial.

“Un miembro activo batallador”

La Cámara de Industrias envió una nota al Ministerio de Comercio Exterior donde expuso las razones de su oposición a negociar este tratado.

El Gobierno, de todas formas, siguió adelante con las gestiones y la semana pasada, los presidentes de China y Costa Rica lanzaron la iniciativa de manera oficial. La primera ronda se realizará en Costa Rica el 19 de enero.

Sin embargo, los industriales insisten en que una negociación con China no es oportuna .

Entre las razones destacan que los precios y la diversidad de los bienes chinos restan credibilidad a los productos nacionales; que las autoridades chinas carecen de capacidad para controlar sus exportaciones; y que Costa Rica tampoco puede vigilar el mercado para evitar el ingreso de aquellos que no reúnan los requisitos mínimos.

Por lo tanto, los industriales pedirán la exclusión del acuerdo, aunque seguirán participando en el proceso para dar a conocer todas las distorsiones del mercado chino. “Seremos un miembro activo pero batallador”, sentenció González.

VETO PRESIDENCIAL NO COINCIDE CON OPINIÓN DE LA SALA, CLARO QUE DIJO LA SALA IV en el 2003: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA AMBIENTAL

La participación ciudadana en asuntos ambientales tiene la jerarquía de principio jurídico en la Convención de Río y así lo ha reconocido la Sala Constitucional.

El veto presidencial por razones de inconstitucionalidad NO coincide con la opinión de la Sala, según sentencia que transcribo parcialmente.


--------------------------------

Res: 2003-06322

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas con catorce minutos del tres de julio del dos mil tres.-

11.- participación ciudadana en los asuntos ambientales: La participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca (Sentencias número 2001-10466, supra citada). De esta suerte, resulta de gran importancia la puesta a disposición de los interesados de la información que en la materia tengan en las oficinas públicas, caso de la relativa a los estudios de impacto ambiental a cargo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la requerida para la aprobación de los planes reguladores de las respectivas municipalidades, por ejemplo. Fue la Convención de Río la que en el principio 10 elevó esta participación a rango de principio en materia ambiental, al señalar

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona debe tener adecuada formación sobre el medio ambiente que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."

De este principio, se evidencia claramente la importancia que a nivel internacional se da a las cuestiones ambientales, y en general, sobre todo, a la participación de la sociedad civil en decisiones de gran trascendencia para la comunidad. Al ser Costa Rica un Estado signatario, este instrumento ciertamente la obliga y condiciona, pues esa es la consecuencia de su suscripción, según con consideró este Tribunal, en sentencia número 8319-2000, de las diez horas dieciocho minutos del ocho de setiembre del dos mil:

"Así, su propósito es que las decisiones gubernamentales sean consecuencia de una discusión que no se constriña a pequeños núcleos oficiales o de intereses parcializados, sino que sean tomadas en consideración otras opiniones, con la apertura necesaria para crear el debate ampliado, aunque sin dejar de cumplirse, claro, los requisitos que establece la legislación correspondiente. No se trata de una desconstitucionalización del principio de legalidad de la Administración Pública, aunque sí por supuesto, de una forma de gobierno más democrático, que amplía los foros de debate sobre temas como el de la protección al medio ambiente, y que por virtud de ello, quedan abiertos a la intervención y opinión ciudadana. Estamos, pues, ante una opción ya muy aceptada en la evolución del concepto de democracia y este amparo ofrece una magnífica oportunidad de darle clara y efectiva vigencia, para que no se quede en el mero discurso. Por eso mismo es que la cuestión ambiental es un tema que ya la Sala ha reconocido como aquellos que otorgan a los particulares una legitimación especial, y de la que se reconoce como un «derecho reaccional» (vid. sentencia 2233-93 y 3705-93 de esta Sala).

Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza. En este mismo sentido, en sentencia número 10466-2000, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil, la Sala señaló que en modo alguno

"[...] puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental-, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia."…

Con lo que se resalta que la participación comunal en la toma de decisiones en materia ambiental forma parte del procedimiento al que debe sujetarse el Estado, y a la vez es integrante del derecho fundamental de toda persona, en los términos previstos en el artículo 50 de la Constitución Política. Por ello, reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo y que es una forma de expresión de la democracia participativa (en este sentido, entre otras ver voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas de la sentencia número 4423-93, de las doce horas del siete de setiembre de mil novecientos noventa y tres; 2331-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis; 3521-95, de las diecisiete horas tres minutos del diez de julio de mil novecientos noventa y seis; 6640-00, de las nueve horas dieciséis minutos del veintiocho de julio del dos mil; y 10466-2000, de las diez horas dieciséis minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil).

"En materia del medio ambiente debemos trasladar este concepto sobre el derecho de información a una nueva perspectiva que tiene todo individuo o colectividad de solicitar información y de ser informado por cualquier ente estatal [información] que no puede ser obstruida por las instituciones estatales referentes a cualquier proyecto que pueda afectar el goce de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es entonces esta, la garantía que permitirá participar a cualquier individuo o colectividad, haciendo uso de los intereses difusos del acceso a la participación, dentro de los procesos de toma de decisiones que afecten ese derecho, pues lo contrario sería ilusorio y la norma constitucional resultaría superflua [...]" (sentencia número 2331-96, supra citada).

En esta especial materia, toda persona debe tener adecuada información sobre los materiales y las actividades o proyectos que pueden implicar un peligro o amenaza para las comunidades (derecho a la salud), y para la conservación y preservación del medio ambiente (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), así como para la efectiva oportunidad de participar en los procesos de adopción de tales decisiones; toda vez que tratándose del derecho al ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a este derecho fundamental la sufre tanto la comunidad –como un todo-, como el individuo en particular. Por ello, la Administración debe facilitar y fomentar la sensibilidad y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos, no sólo de los miembros de la comunidad, sino también de la ciudadanía en general, en tanto en materia ambiental se ha considerado la existencia de un verdadero interés difuso (según se había anotado anteriormente en esta sentencia)….

en modo alguno puede pretenderse o legitimarse que por disposición legal y, mucho menos, reglamentaria, se pueda exceptuar la aplicación y respeto del derecho ambiental, que lleven a la desconstitucionalización de este derecho, o lo que es lo mismo, vaciarlo de su contenido,

UN MUERTO POR MAL TIEMPO EN COSTA RICA

Un hombre murió hoy electrocutado cuando intentó rescatar sus bienes en una casa afectada por la crecida del río Siquirres en la región caribeña costarricense, asolada por inundaciones.
La Comisión Nacional de Emergencias informó que el sistema de baja presión, que se viene presentando desde hace cinco días en todo el país, con lluvias y vientos intensos, obligó a la evacuación de 4 mil personas.
El Instituto Meteorológico Nacional pronosticó que el mal tiempo se prolongará dos días más.
Las lluvias causaron grandes daños en carreteras y puentes debido a los derrumbes, sobre todo en las regiones montañosas de Limón y Sarapiquí.

GOBIERNO VETA REFERENDOS AMBIENTALES

San José, Lunes 24 de noviembre de 2008. El Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, anunció hoy la decisión del Poder Ejecutivo de vetar de manera total el proyecto de “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental”.
La determinación, explicó Arias, se fundamenta en razones de inconstitucionalidad, ya que el proyecto citado incurre en los siguientes vicios:

  1. Invasión de competencias exclusivas de otros poderes y del principio de distribución de funciones constitucional; y

  2. Violación del principio de jerarquía normativa; con transgresión de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad; eficiencia y eficacia, y seguridad jurídica.


“El proyecto de ley desplaza funciones típicamente electorales fuera del ámbito de acción del órgano competente, sustrayendo las mismas de la esfera funcional de un Poder de la República, para transferirlas a un órgano de otro Poder, el Ejecutivo”, señala el Ministro Arias en la nota donde comunica la decisión del Gobierno al Presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco.
“Recuérdese que por disposición constitucional expresa, es el propio Tribunal Supremo de Elecciones el que delimita la materia electoral, y obliga a consultarlo para el trámite de cualquier proyecto de ley sobre esa materia. El proyecto de ley al conferir competencias que son propias de un Poder de la República, que tiene la garantía de independencia y exclusividad de sus atribuciones, a un órgano de otro Poder, supone una invasión de competencias y violación del principio de distribución de funciones”, explicó el Ministro.

Referendos
Por otro lado, recordó Arias, el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe la celebración de referendos en relación con actos administrativos. Precisamente el proyecto de ley en cuestión pretende que actos administrativos del Ministerio de Ambiente (Minaet), sean sometidos a consulta popular, sea en la modalidad de plebiscito o referéndum.
“Es claro, entonces, que las disposiciones citadas del proyecto, que introduce el artículo 6 bis en la Ley Orgánica del Ambiente, viola frontalmente el artículo 105 de la Constitución Política al autorizar el sometimiento de actos administrativos a consulta popular, los cuales por mandato constitucional expreso no pueden sujetarse a ese procedimiento aprobatorio”, señaló Arias.
La decisión de una colectividad, añadió el Ministro, expresada en una consulta popular, es la manifestación de la voluntad libre de una mayoría de ciudadanos, guiada únicamente por el querer y sentir de cada ciudadano. Si esa decisión sustituye una función administrativa sometida al principio de legalidad, el acto se transforma en arbitrario, y por su nueva naturaleza, queda exento del control judicial.
Arias indicó que la prohibición expuesta es un principio constitucional básico, y por tanto, el legislador ordinario no puede, en respeto a la jerarquía normativa, modificar esa prohibición y dejar de lado la reserva constitucional en materia de consultas populares.
“Reconocemos la trascendencia de la participación ciudadana, pero con límites y debidamente ordenada y autorizada en la Constitución Política. No debemos, apelando al principio democrático, llegar a extremos de admitir una sustitución de las competencias administrativas, en favor del soberano, de asuntos reservados a la Administración Pública, pues se estaría nulificando así los cimientos de nuestra organización política y reduciendo la efectividad del Estado de Derecho”, termina señalando la nota del Ministro.

CONTINUA COSTA RICA CON MAL TIEMPO, FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS INTENSOS

Inundaciones en Matina y Chirripó provocan caos en la ruta 32

Fuente: http://www.informa-tico.com/index.php?seccion=articulo&edicion=20081124&ref=24-11-080003

Las incesantes lluvias han desbordado los ríos Matina y Chirripó lo que provocó inundaciones en los alrededores y el cierre de la carretera 32 San José-Limón a primeras horas de la mañana. A eso de las 9am la única posibilidad para transitar entre San josé y Limón era por Turrialba.


El mal tiempo continúa en la provincia caribeña en donde no deja de llover y soplan fuertes vientos.


La Comisión Nacional de Emergencia ya declaró alerta roja para Matina, Sixaola y otras localidades de esta provincia golpeada por el clima en donde hay más de mil personas damnificadas.

En Matina el agua no bajaba su nivel y afectaba viviendas de miles de costarricenses.


Una gran presa de vehículos se había formado esta mañana entre camiones y particulares intentando transitar por la carretera 32.

Según fuentes locales el río Chirripó había crecido inundando predios aledaños, así como la carretera que imposibilitaba el paso a los vehículos.

A esta hora (10am) el paso es regulado por los ríos Matina y Chirripó y la vía San José Limón solo puede realizarse por Turrialba.

Barco encallado

Por otra parte, continuaba encallado frente a la costa limonense el barco de JAPDEVA, encallado desde hace varios días allí. Según anunciaron autoridades portuarias intentarían extraerle todo el combustible del barco para luego arrastrarlo a algún muelle para su reparación.

Este barco hacía labores de draga en el puerto de Moín cuando, mar adentro tuvo un desperfecto mecánico y el gran oleaje lo arrastró hasta donde se encuentra en estos momentos (ver foto).

El socialismo de Chávez solamente produce pobres

MOVIMIENTO LIBERTARIO

Sin libertad no es posible el desarrollo ni el progreso de los pueblos, y lo que el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI está haciendo es concentrar el poder y limitar las libertades, advierte el presidente del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth. Califica el modelo que promueve el presidente Hugo Chávez como el camino a la servidumbre, la dependencia y la sumisión. En cambio, sostiene que el liberalismo promueve la prosperidad a través de políticas públicas basadas en la libertad.
Guevara Guth está en el Paraguay invitado por los organizadores del Foro por la Libertad, que culmina hoy, 8 de noviembre, en la sede del Congreso Nacional.
Es costarricense y presidente del Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario. Aprovechamos la oportunidad para conversar con él.
Al analizar la situación de la región, alude directamente al Movimiento del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI: “La ruta que señala este modelo es la concentración del poder, la violación de las libertades individuales y de los derechos básicos de las personas”.
Desde su óptica, “lo único que produce este tipo de modelo político es miseria, pobreza”, y explica: “porque el capital es cobarde; al escuchar las primeras campanadas, busca lugares más estables para afincarse”. Entonces, Guevara considera que presidentes como Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, actualmente, y antes, Fidel Castro en Cuba, “lo que están construyendo son sociedades no viables, muy pobres; sociedades dependientes”.
Ante esta situación, el Movimiento Libertario propone vías alternativas. “En vez de ese camino de la servidumbre, estamos promoviendo la ruta de la prosperidad, a través de políticas públicas basadas en la libertad, y esto, mirando desde el punto de vista pragmático, es muy sencillo”, refiere.
A mayor libertad, menos corrupción
Guevara explica cómo repercute sobre un gobierno el modelo liberal: “Los países más libres son los más prósperos, los más desarrollados. Así lo indican numerosos estudios realizados en todo el mundo”.
Agrega: “Los países más libres son los más prósperos, son los menos corruptos y son los que tienen mayor transparencia administrativa. Sin embargo, donde hay mayor concentración de poder, existe más corrupción”.
Además, sostiene que desde el punto de vista moral es natural que el ser humano busque su libertad. “Nacemos libres para tomar decisiones y asumir responsabilidades, y eso debe permear las políticas públicas”, afirmó.
Volviendo sobre el modelo del Socialismo del Siglo XXI, Guevara afirma: “Hugo Chávez está exportando desde Venezuela una receta fallida, es una ruta hacia la pobreza”.
Red para defender la libertad
Cómo enfrentar esta avalancha que pretende imponer una hegemonía en la región, es la tarea que diseña la red que preside Guevara. Considera que es una lucha desigual por el aparato que movilizan mediante el petrocaribe el líder del Socialismo del Siglo XXI.
Menciona que se está diseñando una red para defender la libertad y aprender unos de otros.
El método es observar las políticas públicas exitosas y difundir con mayor eficacia estas ideas.
Advierte sobre el riesgo de las imposiciones que están soportando los sectores productivos de Argentina. Es un método para desanimar las inversiones y que “los que sufrirán las consecuencias serán los sectores más vulnerables”, dice.
En cuanto a la tarea de su organización, cuenta que la red quiere demostrar las consecuencias de políticas públicas equivocadas y señalar una ruta libre para el comercio. “Con ello se logra prosperidad para los ciudadanos, porque con mayor competencia es posible una producción eficiente para abastecer el mercado local y exportar”.
Guevara reconoce que no es una tarea fácil enfrentar la propaganda del Socialismo del Siglo XXI. El movimiento de Chávez “no solo está acompañado por recursos económicos, sino hay alianza internacional que abraza con entusiasmo esta idea, que ven con simpatía a presidentes como Evo Morales, o lo que hace Chávez. Entonces, se da una tendencia a callar lo que pasa en Venezuela”, lamenta.
Afirma que es lucha desigual. “Si alguna autoridad va y le dice a un ciudadano: yo te doy casa, luz, agua y no necesitas trabajar, y otro va y le dice que tiene que procurar para vivir mejor, ¿a quién va a seguir? O si le dice: somos pobres por culpa de los ricos o por culpa del imperio; entonces, esos cuentos chinos la gente traga, para su desgracia”...