El juicio que hoy se lleva a cabo contra seis personas detenidas el 8 de noviembre del 2012, cuando participaban de la manifestación pacífica en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, es una muestra más del carácter represivo del Estado Costarricense.
Ese día se realizó una importante marcha en defensa de la salud pública y en contra de recortes presupuestarios a la CCSS. En ella participaron comunidades de diferentes puntos del país, estudiantes y trabajadores de la UCR, así como delegaciones de diversos sindicatos. Esta marcha fue dura e injustificadamente reprimida por decenas de antimotines del gobierno de Chinchilla, dejando un saldo de varios heridos y 35 arrestados.
Las personas que la fiscalía quiere condenar bajo el expediente 120057600-0648-pe son: Luz Marita Arce Soto, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Adrián Jaén España, profesor universitario y miembro del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores; Luis Diego Retana Solano, también estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; Luis Alberto Salas Sarkis, pensionado, ex - Secretario General de la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) y miembro del Partido Vanguardia Popular; Denis Solís Cruz, profesor de educación secundaria y miembro de la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE) y Mario Alb. Villalobos Arias, profesor universitario, miembro del Sindicato de Empleados Universidad de Costa Rica (SINDEU), de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y del Centro de Amigos para la Paz.
De igual forma recordamos el reciente juicio por las movilizaciones en Limón del 2010 (que enfrentaron la privatización del puerto y el salario único), donde se buscaba condenar a personas que simplemente se manifestaban de manera pacífica, para poder sentar un precedente de criminalización de próximas marchas y los bloqueos.
Ya en este caso particular ha logrado parte de su cometido al condenar a la compañera Paulina Briones, mujer y madre que participaba en la manifestación, a cumplir una pena de 2 a 5 años en prisión, sentencia que hoy está apelando con auxilio de sus abogados.
Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos esta intentona por criminalizar la protesta social y exigimos al gobierno de Luis Guillermo Solís que hoy mismo en Consejo de Gobierno decrete indulto para los acusados por el 8N y para Paulina Briones.
Al Fiscal General, Jorge Chavarría, exigimos que retire las acusaciones contra los compañeros y compañeras y archive su expediente.
Llamamos a todo el movimiento estudiantil y sindical a cerrar filas contra esta política del gobierno de Solís, el PAC y de todo el Estado Costarricense; debemos a rodear de solidaridad a los acusados del 8N. Junto a ellos también debemos acuerpar la lucha por la libertad de la compañera Paulina Briones. Es necesario demostrarle al gobierno que el movimiento popular no dejará que avance un paso más en su plan represivo.
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES- 23 de junio de 2015
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